Desde la Real Federación Española de Caza se ha remitido al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social un protocolo en el que se expone la seguridad de la actividad cinegética y se reclama que su práctica pueda ejercerse en aquellas zonas del territorio que se encuentren en la Fase 1 de la desescalada.
Un protocolo de actuación que está basado en una “Guía de buenas prácticas para el cazador ante la pandemia del COVID-19” editada por la propia Federación y la Fundación Artemisan (puedes consultarla pinchando en el SIGUIENTE ENLACE) y a cuyo estudio se ha comprometido el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
También para reforzar esta posición, se ha hecho llegar al Ejecutivo un informe sobre el importante impacto económico y social que tiene la caza en España, tanto en lo relativo al entramado socioeconómico del mundo rural como al papel que juegan las empresas relacionadas con el sector cinegético, y que refuerzan la necesidad de reanudar la caza (y también la pesca) lo antes posible.
En este sentido, hay que recordar que este mismo fin de semana, en concreto el sábado 9 de mayo, desde la Real Federación se instó al Gobierno a incluir la caza en las actividades permitidas dentro de la Fase 1, por entender que su exclusión es una discriminación respecto a otras actividades deportivas de ocio y naturaleza que sí se permiten, además de favorecer situaciones de riesgo como el incremento de daños a los cultivos o problemas sanitarios de la fauna silvestre.
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